Se robaron millones de colones en el MEP


Saludos queridas almas: No pude evitar la tentación de revolcar toda la red a ver qué me encontraba y ...¿Se acuerdan de la huelga del 2003? donde Astrid Fischel salió huyendo. No culpamos a esta pobre doña, el tanate que le armaron los sindicatos no era para menos, lo vacilón es que la señora terminó echándole la culpa a la prensa y a los sindicatos.


Por supuesto que por esta huelga de un mes no se cumplieron con los 200 días lectivos y aún así casi todo el mundo recibió la platica en setiembre. En el 2004 la Defensoría de los Habitantes increpó al MEP por haber regalado esa millonada. Para que tengamos una idea, el MEP tiene unos 60 000 funcionarios, poniéndonos miserables, en el 2003, cada uno recibía en promedio 200 000 colones de incentivos (estamos promediando administrativos, profesores de todas las categorías, etc) lo que nos da un total de doce mil millones de colones (Por supuesto hay que tomar en cuenta que algunos no se sumaron a la huelga, pero la gran mayoría de esa harina se la pagaron a gente que no se la merecía)

He aquí un extracto del Informe de la Defensoría de los habitantes 2003-2004 que lo pueden ver completo aquí (las negritas y los subrayados son nuestros)


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IV. Incentivo salarial del curso lectivo 2003: negligencia de ciertas autoridades ministeriales





“Solicito a usted a efecto de documentar expediente
por incumplimiento de los 200 días lectivos nos remita
copia certificada del registro de servidores e instituciones que se
sumaron a la huelga magisterial de mediados del 2003 y que se utilizó
para el pago del incentivo por ampliación del curso lectivo. Favor enviar lo
requerido, en el término de los 3 días siguientes al recibo de este comunicado…”

Zeidy Palma, Jefe del Régimen Disciplinario del MEP,
a María Julia Picado, Directora General de Personal del MEP, el 23
de febrero de 2004. Al día de hoy, la solicitud no ha sido atendida…

A inicios del mes de diciembre del año pasado (2003), los medios de comunicación informaron que, al parecer, algunos colegios no estaban cumpliendo con la culminación del curso lectivo, tanto los que debían hacerlo el 13 de diciembre como quienes se comprometieron a terminar una semana después según una directriz que emitió el Ministerio de Educación Pública.

En razón de lo anterior, el 8 de diciembre se solicitó al Ministro de Educación informar a la Defensoría de los Habitantes las acciones que había adoptado el MEP a fin de garantizar el cumplimiento del curso lectivo programado así como indicar los colegios en los que, al parecer, se estaba incumpliendo la directriz.

En respuesta, el 9 de diciembre el Jefe del Despacho del Ministro remitió el oficio n.° DM-7231-12 suscrito por el Ministro y dirigido a los directores regionales, asesores supervisores y directores de centros educativos del país.

Dicho documento se refiere al seguimiento de las directrices relacionadas con el cumplimiento de los 200 días lectivos y el cierre del curso lectivo. En el punto 15 del documento se indica:

“Los docentes que no impartan los 200 días efectivos de clases, se estarían constituyendo en obligados con la Administración Pública en el monto porcentual correspondiente a esos días no laborados, de acuerdo con sus funciones, salvedad hecha de aquellos casos que se encuentren entre las excepciones contempladas por el ordenamiento jurídico.”

Asimismo, en el punto 16 se afirma:

“Los Directores Regionales, Asesores Supervisores y Directores de Centros Educativos, por ocupar puestos de jefatura son los responsables de remitir los listados de docentes y centros educativos donde no se esté impartiendo lecciones, de determinar la razón de ello y tomar las decisiones pertinentes para que se corrija la anomalía. Esta información deberá ser enviada en el término de las próximas 48 horas a partir del recibo de la presente, al Despacho de la Señora Viceministra Administrativa, para los efectos correspondientes.”

Sobre el particular, el 7 de enero del año en curso (2004 en ese momento) la Defensoría de los Habitantes solicitó al Ministro remitir la siguiente información en el plazo de cinco días hábiles:

1. Listado de centros educativos en donde se incumplieron las fechas de clausura del curso lectivo, según lo establecido en las directrices del Ministerio.

2. Listado de docentes que incumplieron dichas fechas.

3. Acciones concretas que adoptará el MEP para recuperar el incentivo cancelado en tales casos –si éste se reconoció–.

Debido a que el plazo venció sin que la información fuera recibida en la Defensoría de los Habitantes, el 20 de enero se le requirió de nuevo al Ministro.

En respuesta, el 2 de febrero la Jefe del Despacho del Ministro informó que “… se recibieron informes de los Directores y las Directoras Regionales de Educación del país, en que informaban sobre el grado de cumplimiento del calendario escolar. Dicha documentación, fue remitida al Área de Régimen Disciplinario de la División Jurídica, para efectos de que se determine si existió algún incumplimiento al calendario escolar fijado y se tomen las acciones disciplinarias correspondientes.”

De igual forma, se recibió copia del oficio n.° DVM-A-446-2004 del 6 de febrero mediante el cual la Viceministra Administrativa le solicita a la Licda. Zeidy Palma Grijalba, Jefe del Área de Régimen Disciplinario del MEP, brindar una respuesta en relación con el tema de comentario.

El 2 de marzo se otorgó un plazo de cinco días hábiles a la Licda. Palma para remitir a la Defensoría de los Habitantes la información a que se refieren los tres puntos anteriores y cualquier otra adicional de relevancia.

El plazo de nuevo transcurrió sin que se recibiera respuesta alguna sobre el particular, por lo que el 23 de marzo se otorgaron tres días hábiles a la Licda. Palma para remitir el informe, advirtiéndole de las consecuencias establecidas en el artículo 26 de la Ley n.° 7319 en caso de no hacerlo (“La negativa de un funcionario o de sus superiores para contestar o enviar la documentación requerida por la Defensoría de los Habitantes de la República, la existencia de algún acto material o de alguna actuación u omisión que entorpezcan las funciones de éste, harán que el funcionario o los funcionarios incurran en el delito de desobediencia. en tales casos, la Defensoría de los Habitantes de la República dará cuenta inmediata al superior jerárquico de ese funcionario y al Ministerio Público.”

El mismo 23 de marzo La Licda. Palma informó a la Defensoría de los Habitantes que el asunto es bastante complejo, “… pues, a efecto de determinar los centros educativos y docentes que incumplieron con las fechas de clausura del curso lectivo 2003, debe hacerse una verificación, en primer término de aquellos centros y personas que se unieron al movimiento huelguístico convocado por las organizaciones magisteriales a mediados del curso 2003.”

Con tal propósito, informó la Licda Palma que se estaba solicitando a la Directora General de Personal, Licda. María Julia Picado Blanco, una “… copia certificada del registro de servidores e instituciones que se sumaron a la huelga magisterial de mediados del 2003 y que se utilizó para el pago del incentivo por ampliación del curso lectivo.” La nota por medio de la cual la Licda. Palma solicitó esta información tiene fecha 23 de febrero y el 23 de marzo es notificada.

De igual forma, informó la Licda. Palma que se estaba requiriendo a los centros educativos “… respecto a los que se reportó anomalías remitan copia fiel de los registros de asistencia del personal de las últimas dos semanas del ciclo lectivo.”

Finalmente, informó la Licda. Palma que, “En cuanto ambas informaciones nos sean aportadas, empezaremos a individualizar casos concretos y a iniciar los expedientes disciplinarios que sean necesarios. Concluidos esos procesos, corresponderá al Departamento de Planillas iniciar el procedimiento de recuperación de sumas giradas de más.”
(Sí claro, ¿a quién va a engañar esta roka?)

Al consultar a la Licda. Palma si había recibido copia del registro solicitado a la Directora General de Personal, informó que no.

La dilación y la evidente negligencia mostrada por las autoridades ministeriales hizo que el 30 de abril (de 2004) de nuevo la Defensoría de los Habitantes solicitara al Ministro de Educación interponer sus buenos oficios a fin de que el registro no solamente fuera remitido al Área de Régimen Disciplinario sino también a la Defensoría. Lo anterior en un plazo de cinco días hábiles.

Nuevamente el Ministerio de Educación incumplió su deber de responder a la Defensoría de los Habitantes por lo que se hicieron gestiones telefónicas en una de las cuales se conversó con el Despacho del Ministro sobre el trámite de la nota.

Como resultado de esta gestión, el 11 de mayo se remitió a la Defensoría el oficio n.° DVM-A-1747-2004 del 6 de mayo por medio del cual la Viceministra Administrativa le solicitó a la Directora General de Personal “… que, a la mayor brevedad posible, se sirva responder la solicitud de enviar una “copia certificada del registro de servidores e instituciones que se sumaron a la huelga magisterial de mediados del 2003 y que se utilizó para el pago del incentivo por ampliación del curso lectivo” a la Jefe del Área de Régimen Disciplinario de la División Jurídica enviar copia de dicha certificación a la Defensoría de los Habitantes…”

Al día de hoy, y a pesar de las múltiples gestiones planteadas telefónicamente por la Defensoría ante la oficina de la Directora General de Personal, la funcionaria sigue sin remitir la información solicitada.

Como se puede desprender con claridad de la anterior relación de hechos, es evidente la negligencia, la despreocupación, la desidia y la ligereza como ciertas autoridades del Ministerio de Educación han abordado el tema del cumplimiento del curso lectivo de 200 días en el 2003 y la consecuente verificación de la procedencia del pago del incentivo por ese concepto.

Este incentivo, debe recordarse, se reconoce con recursos públicos, recursos de todos los habitantes, y tampoco en este tema parecen mostrar preocupación alguna esas autoridades.

Hasta la fecha, únicamente en el caso del Director de un Colegio, el Área de Régimen Disciplinario procedió a la apertura de un expediente por la posible comisión de faltas en el ejercicio de sus funciones en el marco del tema que aquí se aborda.

A la fecha, en el Ministerio no se tiene claro –por lo menos así lo dejan entrever sus escasas e insuficientes respuestas– en cuáles centros educativos se incumplieron las fechas de clausura del curso lectivo según lo establecido en las directrices del Ministerio, como tampoco los docentes que faltaron al deber de acatar el calendario previamente establecido.

Y mucho menos han adoptado acciones prontas y concretas orientadas a la recuperación del incentivo cancelado en tales casos –si éste se reconoció–.

Como se puede observar de la anterior relación de hechos, es claro que en el MEP se ha vulnerado el acceso privilegiado a la información que tiene la Defensoría de los Habitantes, derecho que redunda en beneficio de los habitantes.

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Hasta aquí el extracto

Y pensar que María Julia Picado era una de las candidatas a diputada por el PUSC en el cuarto lugar por San José, ¡Por dicha se peló el nance la Unidad! de lo contrario tendríamos a este diamante en bruto en la Asamblea Legislativa.

Aquí nuestras valientes autoridades (María Julia ahora es asesora supervisora en el MEP y Zeidy Palma que sigue como jefa en Régimen Disciplinario), aplicaron el famoso "no oigo, no oigo, tengo orejas de pescado":