Acusado en caso ICE-Alcatel habría sido indultado por el expresidente Carazo

Saludos queridas almas: A nuestro correo electrónico llega información fresca que puede ser verificada en el Archivo Nacional: Uno de los imputados en el caso ICE–Alcatel, el más sonado escándalo de corrupción de la historia del país, estuvo en prisión y fue indultado por el ex presidente Rodrigo Carazo Odio (q. d. D. g.), según actas del consejo de gobierno celebrado el 7 de agosto de 1979 (solo ponemos las dos primeras páginas que son las que nos interesan)
Esos documentos evidencian que, de un numeroso grupo de privados de libertad quienes habían solicitado el indulto total, solo al ahora imputado, Joaquín Alberto Fernández Alfaro y a otro preso les concedieron el beneficio carcelario.   Las actas fueron firmadas por el entonces mandatario y el secretario del Consejo de Gobierno, Bernardo Carrillo Díaz.

Pero esa no fue la única vez que Fernández ha tenido que enfrentar a un tribunal y fue encontrado culpable. Según el Registro Judicial, contra quien fuera directivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, el Tribunal de Heredia dictó una pena de 39 años de cárcel por dos delitos de estafa mayor y 35 delitos de libramiento de cheques sin fondos, el 8 de abril de 1988. Condena que quedó reducida a seis años de cárcel por haberse ejecutado en concurso material, tal y como consta en la certificación del Poder Judicial.   El documento también señala que los 37 delitos se cometieron entre abril de 1983 y junio de 1984.

Pese a todos esos antecedentes penales, Fernández fue nombrado en la Junta Directiva del ICE, unos diez años después de cometidas las estafas.

A él, en el caso ICE-Alcatel, la Fiscalía le atribuye haber recibido $1.2 millones (mas de ¢600 millones) por parte de la empresa francesa de telecomunicaciones como parte de una serie de dádivas pagadas a cambio de obtener una licitación para instalar las líneas GSM, en nuestro país, lo que equivale a mas de 400 mil líneas celulares que el ICE compró, en el año 2001.

En este nuevo proceso judicial, a Fernández le imputan un delito de corrupción agravada derivada del cohecho impropio (artículos 340 y 342 del Código Penal), que es cuando un funcionario público recibe una dádiva u otra ventaja indebida o acepta la promesa de una retribución para hacer un acto propio de sus funciones, el delito es agravado porque la dádiva tenía como objetivo la celebración de contratos en los cuales estaba interesada la administración a la que pertenece el funcionario.

El dinero habría sido recibido por Fernández por medio de una sociedad en la que figura como presidente: Bosques del Olimpo, proveniente de la cuenta que la firma Servicios Notariales Q. C. tiene en el Cuscatlán Internacional Bank de Bahamas.

Servicios Notariales Q. C. es una sociedad del abogado Luis Adrián Quirós Carmona, la cual recibió $9.6 millones (unos ¢4 mil 800 millones) provenientes de Alcatel. Ese dinero se utilizó para realizar transferencias por $2.4 millones (mas de ¢1.200 millones), además de a Fernández, al también ex directivo del ICE, José Antonio Lobo.