Suspensión con goce de salario ¿Medida preventiva o vacaciones pagadas por el Estado?

Saludos queridas almas: Por el caso del robo de las 215 armas de la bodega de la Policía de Tránsito suspendieron con goce de salario por tiempo indefinido al Jefe Administrativo, Gerardo Aymerich y pareciera que también al Director de Tránsito, César "Jamito" Quirós, aunque en el caso de Jamito no debería aplicar una suspensión, sino una destitución porque el puesto de Director de Tránsito es una plaza de confianza. Aun está por confirmarse esa noticia.

También suspendieron al bodeguero que recibió el armamento en octubre del año pasado, como si este tuviera la culpa de escoger el lugar menos indicado para guardar armas; pero esa suspensión es mantequilla, porque está nombrado de manera interina hasta marzo y su salario si acaso llega a 250 mil colones mensuales. Esta medida demuestra que el hilo siempre se corta por lo más delgado.

Aymerich seguirá recibiendo su casi millón y medio mensual hasta que dentro de unos meses -o años inclusive- se resuelva la investigación; también hay que pagarle a un nuevo Jefe Administrativo, al Órgano Director, entre otros, mientras se realiza la cacareada investigación... al final saldrá más caro el caldo que los huevos. Algo similar aplicaría si se concretara la suspensión de Jaimito.

En este país cuando se acusa a un funcionario público de alguna torta -dependiendo de la gravedad- se le suspende con goce de salario, mientras las autoridades administrativas realizan una investigación y se da todo el "debido proceso", lo cual en teoría debería ser expedito, pero en la realidad puede durar muchos meses e incluso años. Por esto, la suspensión con goce de salario, lejos de ser una medida preventiva se convierte en un privilegio de vacaciones pagadas por el Estado.

Tampoco estoy sugiriendo que el culpable de este privilegio sea el suspendido ni tampoco creo justo que se suspenda sin goce salarial a toda persona que es acusada, porque sería una sanción anticipada contra un funcionario al que no se le ha demostrado culpabilidad, y esto se prestaría para muchas injusticias, sacadas de clavo, vendettas administrativas, mobbing laboral, etc; pero si creo que los procesos administrativos no deberían durar más allá de uno o dos meses, porque su dilación perjudica directamente los fondos públicos. Los departamentos legales, disciplinarios de la administración pública son los llamados a agilizar estos trámites, y sus encargados deberían ser sancionados si éstos dilatan demasiado tiempo.

En la empresa privada no se dan estos largos procesos, si un empleado comete una falta es sancionado de inmediato sin mucha vara. No aplaudo tampoco esta práctica porque ha permito abusos de la parte patronal, pero una buena parte de la población cree que los empleados privados si están obligados a ser más eficientes en sus labores, y que los empleados públicos incompetentes nunca podrán ser removidos de sus puestos.

Ya es hora que los departamentos legales de los diferentes ministerios se pongan a trabajar, o de lo contrario ¡que se vayan al infierno!