Los privilegios salariales de los de arriba se protegen


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Saludos queridas almas: La Sala Constitucional ha venido eliminando derechos adquiridos de los trabajadores con diversos argumentos. Llama poderosamente la atención que esta Cámara no aplique los mismos criterios cuando se trata de sus propios privilegios laborales.  Les comparto un artículo enviado por uno de nuestros lectores al respecto:

Desde hace años, la Sala Constitucional viene emitiendo fallos en contra de derechos laborales legítimamente negociados, de leyes necesarias para regular el licor, fumado, luchar contra el consumo y trasiego de drogas, y otra serie de legislaciones con las que se intenta cumplir la Constitución Política y mejorar la vida de los costarricenses. 

Los argumentos de los Magistrados se basan en “los principios de igualdad, razonabilidad, racionalidad, proporcionalidad, justicia, moralidad, control efectivo del sano manejo de los fondos públicos, rendición de cuentas y la adecuada distribución de la riqueza que persigue el Estado conforme al Derecho de la Constitución”. De esa forma, los Magistrados Constitucionales les han rebajado el salario a muchos funcionarios públicos y les ha eliminado varios de sus derechos, entre otras inconstitucionalidades. 

Sin embargo, casi todos los miembros de esa misma “honesta y recta” Sala Constitucional emitieron un voto en enero del 2010 eliminando el tope máximo a la pensión del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, del cual ellos son beneficiarios. Dicha norma establecía como tope máximo el monto del salario de un diputado de la Asamblea Legislativa, ahora “quedó por la libre” y vemos como “constitucionalmente” un funcionario que laboró tan solo siete meses como Magistrado, se jubiló con seis millones cien mil colones (₡6,100,000.00) pero en realidad le correspondían dos millones trescientos mil colones (₡2,300,000.00). 

De mera casualidad fue el Magistrado que instruyó el caso Caja-Fischel donde se vio involucrado el expresidente Rafael Ángel Calderón Fournier. El promedio de pensiones de 22 jubilados del Poder Judicial ronda los cuatro millones quinientos mil colones (₡4,500,000.00) siendo que algunos tienen una pensión de siete millones cuatrocientos mil colones (₡7,400,000.00) Asimismo, a la mayoría de los Magistrados de la Corte Plena ya se les cumplió la fecha para pensionarse, pero no quieren irse. La razón es simple: cada semestre el monto de su pensión aumenta con el salario devengado, por lo que cada día su jubilación es más grande. 

¿Aplicaron el Principio de Proporcionalidad los Magistrados cuando se eliminaron el tope de su propia pensión? ¿Se acordaron esos funcionarios del principio de Igualdad? ¿Emitieron su juicio en ese fallo pensando en el Principio de Racionalidad? ¿Fue Razonable lo que hicieron? ¿Aplicaron la Justicia? ¿Fue Moral? ¿Es eliminar ese tope un control efectivo del sano manejo de los fondos públicos? ¿Es esa decisión una forma adecuada de distribución de la riqueza que persigue el Estado conforme al Derecho de la Constitución?

La respuestas a esas interrogantes las encontramos en el Régimen de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) que Administra la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Este régimen tiene un tope de pensión de un millón cuatrocientos mil colones (₡1,400,000.00) para el trabajador que alcance su edad y cuotas para pensionarse. Ese tope se aplica independientemente de si el asalariado gana dos, tres, cinco o siete millones de colones por mes. Pero si postergara su retiro, podría incrementar un poco más su pensión al pagar algunas cuotas de más, sin embargo se le aplicaría un nuevo tope de un millón, novecientos mil colones (₡1,900,000.00) siendo este el monto máximo que podría alcanzar cualquier trabajador que se pensionara en este momento. 

Lo más triste de todo este asunto es que la pensión mínima y a la que solo pudieron aspirar muchos costarricenses, es de tan solo ciento quince mil colones (₡115,000.00) monto con el que pasan hambre y muchas necesidades día a día. Todos ellos trabajaron muy duro toda su vida, igual que los Magistrados de la Corte Plena. Dieron todo su esfuerzo por hacer de nuestra Patria lo que es hoy. Gracias a ellos tenemos un país donde vivir, disfrutar y alcanzar nuestros sueños. 

¿Cómo es posible que los Magistrados de la Corte Plena cometieran semejante abuso de autoridad? No puede ser posible que cometan esa aberración de poder. Si los costarricenses más humildes tiene un tope en su pensión, ¿por qué ellos no? ¿Quién se creen que son? 

Si los Magistrados de la Corte Plena tuvieran un poco de vergüenza renunciaría a la eliminación del tope de su pensión. Si tan siquiera tuvieran un “cinco” de dignidad, revertirían lo hecho y se aplicarían a sí mismos los Principios Constitucionales de la misma forma que se lo han aplicado a la mayoría de los costarricenses. Deberían irse por la “puerta de atrás de la Justicia” como lo que en verdad son: un puñado de cobardes, mentirosos e inútiles que nunca tuvieron la capacidad de ganarse un salario honestamente y tuvieron que servirse con la “cuchara grande” en contra de la Constitución que juraron defender. 

Esos Magistrados hacen que la Justicia se avergüence, tiñen de negro el manto de la Honestidad del Poder Judicial y convirtieron la Corte Plena en un antro de corrupción y sinvergüenzas que solo buscan servir a la oligarquía y a los políticos corruptos que necesitan de sus votos constitucionales para robarse legalmente la Patria y los dineros del Pueblo. Cuando quieran se pueden pensionar esos Magistrados, nunca fueron ni jamás serán indispensables.