Sobre las pensiones de los Magistrados [Derecho de Respuesta]

Saludos queridas almas: Con respecto al artículo de ayer, donde se critica a la Sala Constitucional por no aplicar para sí misma los principios que ha invocado para recortar derechos adquiridos de los trabajadores, hemos recibido una solicitud de derecho de respuesta, el cual viene en los siguientes términos:

Estimado señor Chamuko: 

En relación con el comentario posteado en su blog en fecha 23 de setiembre 2012 sobre la eliminación del tope al límite del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial de la manera más atenta le solicitamos publicar el siguiente Derecho de Rectificación y Respuesta en los términos que establecen los artículos 66 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. 

No es cierto que la y los magistrados determinaran que sus jubilaciones y pensiones no tienen tope. Lo que en realidad señala claramente la sentencia número 1625-2010 que le adjunto, es precisamente que sí es constitucional que las jubilaciones y pensiones del Poder Judicial tengan tope, e incluso instruyó que se deben tomar las acciones necesarias para determinar actuarialmente ese tope. La sentencia lo que declaró inconstitucional fue que el tope de las jubilaciones y pensiones del Poder Judicial se fijara con parámetros de otro régimen, en este caso de los Diputados, régimen cuyas características son totalmente diferentes. 

La imposición del tope requiere reforma legal, por esa razón la Corte -luego del estudio actuarial que se hizo recientemente-, ha iniciado un análisis de esta y otras reformas necesarias tanto a nivel administrativo como legal para enviar a la Asamblea Legislativa las reformas legales que se estimen necesarias. En días pasados se dio plazo a todas las asociaciones y sindicatos del Poder Judicial para que participen de la discusión y hagan sus propuestas y este plazo vence el próximo 16 de octubre. 

En el voto de comentario, concretamente sobre las razones por las que no se puede usar el tope de Diputados en el Poder Judicial, se indica: "La irrazonabilidad del criterio escogido es evidente al imponer como límite infranqueable el salario de un parlamentario, porque existe una diferencia notable entre la carrera judicial, que supone muchos años en la función, con reconocimientos de diferentes extremos por carrera profesional y la función parlamentaria, que no admite la carrera parlamentaria, de tal forma que no existe posibilidad que el legislador acumule años de experiencia e historial profesional, tal como sí se prevé para los miembros de la judicatura”. 

Licda. Ana Lucía Vazques Rivera 
Jefa a. i, Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional 
Poder Judicial